Danilo Aguirre
Solís
LA INSTITUCIONALIDAD EN LA HISTORIA DE NICARAGUA Y DE SU CLASE POLÍTICA
La historia de Nicaragua referida al comportamiento de los personajes que la han generado y la acumulación de acciones y omisiones que en ese contexto constituyen nuestro pasado y presente como Pueblo, como Nación y como Estado, ha sido expuesta y analizada desde distintas perspectivas.
Nuestros historiadores más conocidos, Pérez, Ayón, Gámez, Ortega Arancibia, narrándonos las disputas tradicionales por el poder público, desde la Independencia de España hasta los comienzos del siglo XX, aportaron recopilaciones testimoniales en la cronología de los hechos y sus explicaciones y hasta justificaciones, según la filiación política de estos ilustres glosadores de nuestras venturas y desgracias públicas.
Sofonías Salvatierra, Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, Ramón Romero, Gustavo Alemán Bolaños y otros preclaros nicaragüenses, le han puesto a los pedazos de esa historia que les tocó vivir o hurgar para relatar a la posteridad, una combinación de hermosa prosa, con un mayor reconocimiento de los errores de su propio bando y por sobre todas las cosas un genuino sentimiento de patria.
Coronel inaugura con su limitadísima obra que pretendió ser de Gainza a Somoza, la ideologización de nuestra historia, es decir, la labor de presentar los hechos bajo una concepción previa de las ideas que produjeron y movieron esos acontecimientos.
Pero si en el fundador de la Vanguardia Literaria privaba el tratar de encontrar reglas sociológicos entre la herencia colonial y los acomodos políticos-militares de la Europa de los siglos XVIII y XIX con el compartamiento de las fracciones que se enfrentaban en Nicaragua y Centroamérica en la lucha por el poder, otros intelectuales comenzaron a sistematizar lo que estimaron era la cientificación de la historia desde el planteamiento de Marx sobre la Economía, el materialismo histórico y la lucha de clases.
Carlos Fonseca Amador en su ruptura con los ejes tradicionales de la forma de hacer política en Nicaragua y su militancia intelectual y guerrera contra el orden establecido por las fracciones políticas históricas, documenta cada una de sus acciones militares con análisis sobre el origen del poder que detentan esos grupos, la opresión y explotación que genera ese uso del poder y la necesidad de su destrucción mediante la acción popular armada.
Jaime Wheelock Román en el mismo sentido, pero con la pretensión de un mayor rigor científico para explicar la naturaleza de la acumulación de capitales y la lucha por el poder en Nicaragua, es también coincidente con Fonseca Amador en ubicar la tragedia nacional como resultado del entreguismo de la oligarquía y la burguesía en general y la intervención en todos los órdenes del imperialismo norteamericano.
Ambos recorren las páginas de nuestra historia con la misma metodología para desentrañarla y ambos terminan ofreciendo al pueblo nicaragüense con la destrucción del sistema social imperante, su sustitución por un régimen idílico, conducido por una especie de arcángeles laicos, poseídos de la verdad y del humanismo más sublime para dar a cada uno lo suyo según sus necesidades.
La realidad terca, se encargó de demostrar que las Instituciones Democráticas no pueden fundirse en la voluntad o decisiones de una o varias personas o de un partido político.
Las carencias económicas de Nicaragua en general como país y en particular la extensión de la miseria a mayor número de nicaragüenses, han corrido parejo con el atraso y corrupción de la clase política que ha conducido los ascensos, descensos o estrepitosas caídas de todos los proyectos de Sociedad o de Estado que han pretendido erigirse.
Este trágico ciclo en nuestro historia, lanza ahora a otro sector intelectual a querer encontrar el hilo de la redención en los estudios filosóficos, en la reducción del drama a la antropología política de sus actores, en elaborar propuestas de solución a través del conocimiento y la ética que superen el empirismo instuitivo que le atribuyen a los personajes que en mayor o menor medida han hundido a Nicaragua a la condición de las tribus africanas.
Alejandro Serrano, Karlos Navarro, Oscar René Vargas, Freddy Quezada son parte de este empeño por encontrar nuestra viabilidad como Nación y sus trabajos están signados por la desesperación de estar siendo testigos de la bancarrota política, moral, económica y cultural de Nicaragua.
Al final, siguen ausentes las respuestas a las preguntas fundamentales: ¿Por qué Nicaragua es pobre y subdesarrollada? Por qué Nicaragua vive en una permanente inestabilidad política o inmersa en guerras civiles?
Con el Dr. Alberto Saborío y otros pensadores y analistas de nuestra vida política, iniciamos la tarea de remontar los efectos para encontrar las causas de nuestra desdicha como país y comenzamos por reconocer que el mismo fenómeno en mayor o menor medida, está presente en la historia de todos los países de la llamada América Latina.
También encontramos, con el mismo entusiasmo con que los cientistas sociales creían haber perfeccionado reglas matemáticas de comportamiento de las sociedades a la luz de los postulados económicos de Marx, que el desarrollo económico y aún en buena parte el social y cultural de los países, es directamente proporcional al perfeccionamiento de sus Instituciones Democráticas, y de los recursos y efectividad con que la Sociedad cuenta para controlar el uso del poder de los gobernantes.
Es objetivo de este trabajo, acercarnos a la demostración, que la causa de nuestro atraso y pobreza radica en que a lo largo de nuestra historia, los personajes públicos y la clase política en general que nos ha gobernado, o le han estorbado las Instituciones Democráticas para ejercer el poder con autoritarismo y discrecionalidad o no han creido en ellas y han tratado de sustituirlas por decisiones y regulaciones mesiánicas.
Apuntamos a evidenciar que las convulsiones políticas y las guerras civiles igual que el subdesarrollo, son efecto o consecuencia de la ausencia de esas Instituciones Democráticas.
Superadas las teorías sobre razas superiores o condiciones geográficas, con elocuentes ejemplos como el desarrollo en Japón y otras regiones asiáticas, el subdesarrollo de países ricos como Colombia y Venezuela y la condición primer mundista de Holanda o Suiza sin esos favorecimientos naturales, no podemos menos que admitir que la diferencia fundamental en estas comparaciones hechas al azar, radica con claridad en la Institucionalidad Democrática de unos y la ausencia o histórico deterioro de las mismas en los otros.
Aún entre los mismos países latinoamericanos, hay algunas diferencias que llevan a las mismas conclusiones, como la ubicación positiva en las escalas sobre corrupción y distribución de la riqueza de Uruguay y Costa Rica y las diferencias de esta última con Nicaragua.
IMPORTANCIA DEL PROCESO INDEPENDITISTA
La concepción del poder y del gobierno en Centro América y en América Latina en general, una vez independizados de la Metrópolis, siguió teniendo como paradigma real, el autocratismo y la discrecionalidad para mandar, características transferidas de España durante la Colonia.
Los movimientos que se llamaban liberales, sólo abogaban en su discurso por el funcionamiento de Instituciones Democráticas, ya que cuando les tocó ejercer el poder no se diferenciaron de sus adversarios y los matices más caracterizados de sus contradicciones, como la Educación, la Propiedad y las relaciones con la Iglesia Católica, era difícil de establecer con qué grupos en el gobierno eran resueltos de la manera más negativa.
La búsqueda de Príncipes y Emperadores para tutelar la reciente independencia, fue propuesta abierta del sector más conservador de las regiones recientemente descolonizadas en América Latina y la de construir imperios sin emperadores bajo la figura de Presidentes con poderes autocráticos, era la respuesta del otro sector. En esencia y la historia de sus gobiernos lo demuestra, para los pueblos resultaba y resulta la misma cosa.
La táctica y la estrategia en la lucha por el poder, seguía y sigue la misma actitud de Fernando VII en España. Aceptar a regañadientes a Bayona y Cádiz desde el cautiverio y la llanura, para volver al absolutismo cuando se tenía la certeza de ejercer el poder total.
Las interminables guerras civiles en Nicaragua, están todas marcadas por esa misma causa y efectos. Reclamos, revueltas, manifiestos patrióticos, exhortaciones líricas sobre la libertad desde abajo y negación de derechos o adulteración de la democracia una vez conseguido el poder.
Incluso la constante de arreglos, pactos y negociaciones políticas que la más de las veces terminaban y terminan en Constituyentes, encubrían y encubren con lenguaje lleno de falsedades, las verdaderas intenciones que invariablemente perseguían y persiguen los pactantes: Prebendas partidarias inmediatas y camino abierto mediato para reciclar la misma trágica historia.
La relación de las Colonias del Norte con sus Metrópolis marcaron un rumbo diametralmente opuesto a lo ocurrido en América Latina.
Lo emblemático para estos colonos eran las luchas del Parlamento y la forma como poco a poco las libertades habían venido siendo arrancadas al soberano para trasladarlas al pueblo.
De modo que cuando se da la independencia y se tiene que elegir un gobierno propio, la mayor preocupación residía en que los gobernantes no pudieran nunca convertirse en amos de la nación y para que eso no sucediera, sembraron de Instituciones Democráticas el ejercicio del poder.
Era tal el pavor de que se trasladara el trono absoluto a tierras americanas, que no sólo limitaron con la Constitución y las leyes la figura presidencial, sino que además fueron taxativos en las atribuciones del Congreso y en las Enmiendas hasta llegaron a prohibir legislar sobre determinadas materias, religión y libertad de expresión por ejemplo.
La emancipación de los esclavos, la guerra de secesión y la lucha aún sin terminar por los derechos civiles de las minorías raciales en Estados Unidos, así como sus guerras imperialistas, no han puesto en peligro sus Instituciones, más bien han constituido la base más sólida para resolver sus contradicciones.
La concepción del Estado y de que nadie está por encima de la ley, se impone a la falta de una nación en el sentido lato de este vocablo, de modo que nadie osa rehusar sus compromisos con el país que adoptó aún cuando hable, sueñe y cante con la cultura de su nacimiento.
En América Latina, la falta de esa institucionalidad y sin problemas de esclavitud o migraciones económicas, la acción del poder se ha ensañado en los estratos más débiles de la población, los mestizos más pobres y fundamentalmente los campesinos, ligados más de cerca a las raíces indígenas.
DE LA INDEPENDENCIA A LA GUERRA NACIONAL
Las fracciones enfrentadas por el poder en Nicaragua y en Centroamérica en general, no hay duda que pretendían manejar diferencias conceptuales sobre la Sociedad y el Estado, pero en el fondo perseguían los mismos objetivos: Mando autoritario y discrecional, para levantar desde el gobierno ventajas políticas y económicas para el Mandatario, su familia y su grupo más allegado. De todos ellos salía la retórica para entusiasmar al pueblo a que se partiera en dos y modernamente en tres o cuatro o más Partidos Políticos.
Sacasa y Ordóñez, Cerda y Argüello, Jerez y Chamorro, libraron sus respectivas batallas políticas y militares, desde 1821 hasta 1856, sin el ánimo real que el poder adquirido por cada uno de ellos en sus respectivos momentos, estuviera limitado por Instituciones Democráticas.
La forma de evadir estos controles de la sociedad para con los gobernantes, es la única que presentaba algunos matices que permitían diferenciarlos.
Desde la Independencia de España hasta la Guerra Nacional, pasando por la efímera anexión al Imperio de Iturbide y las Constituciones de 1838 y 1854 que convertían a Nicaragua en República independiente, fueron perfilándose las propuestas claras en lo formal de los Partidos enfrentados.
Unos querían hacer descansar la base de su poder en el Orden y el Patriarcado, vale decir, la conformación tradicional del Estado con sus clases dominantes, institucionalización de la Iglesia Católica, tutelaje de las clases dominadas y el derecho a defender este estado de cosas con una legitimidad más cerca del carácter divino que atribuían al derecho natural que de las Constituciones y leyes que se daban. Los otros se «iluminaban» con el rechazo a esta conformación de las Instituciones públicas y pugnaban por destruirlas incluso con la guerra y la incorporación al ordenamiento jurídico de los textos que recitaban de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos.
Ambas fracciones tendrían oportunidad después de la guerra nacional y hasta finales del siglo y comienzos del Siglo XX de poner en práctica sus diferencias, para concluir gobernando con similitudes que a la postre eran inmensamente mayoritarias.
Los 30 años conservadores
La Institucionalidad conservadora durante el llamado período de los 30 años, es decir, el patriarcado, el mantenimiento del orden establecido en las tradiciones, civiles y religiosas, la incipiente sacrilización de la figura presidencial y la visión de manejar el país como un probo administrador de Haciendas, se vieron fortalecidos por la alternabilidad en el poder entre las familias gobernantes por temor al surgimiento mediante reelecciones de un nuevo dictador y por las aventuras rayanas en el ridículo de la oposición liberal jefeada por Máximo Jerez, oposición que no alcanzó durante esos años a quitarse el pesado lastre de haber contratado la participación filibustera en nuestras guerras civiles, que bien cara la habíamos pagado.
La legitimación para el ejercicio de libertades públicas la daba el poder económico que emitía sus dictados desde la cúpula de la oligarquía granadina y las libertades individuales descansaban en el ejercicio ético de los gobernantes.
El funcionamiento de esta Institucionalidad sui géneris, produjo gran estabilidad y confiabilidad interna y externa que se tradujo en evidentes progresos económicos que a la oligarquía gobernante le permitió echar a andar proyectos de modernización del Estado y por el otro ejercer con mayor largueza su tutelaje en la población rural que era mayoritaria y casi todas dependientes de las grandes Haciendas.
Aunque los tiempos a finales del siglo ya no daban para mantener esa frágil y discrecional dirección del Estado y la Sociedad y se imponía el traslado de esa conducción a leyes y a la conformación de Instituciones Democráticas sostenidas en un nuevo y moderno ordenamiento jurídico, la oligarquía gobernante no se atrevió a dar ese paso y las contradicciones una vez más en Nicaragua debieron resolverse con la guerra.
EL ZELAYISMO
La necesidad de la transformación jurídica de Nicaragua que enrrumbara al país por la modernización de sus instituciones, la facilitación de una expansión exportadora y una mayor dinámica económica interna, tuvo que asumirla el Partido Liberal junto con importantes defecciones del conservatismo que le facilitaron las cosas y por sobre todo con una conducción lúcida de su líder, José Santos Zelaya.
Zelaya al encabezar la transformación de Nicaragua en un Estado que dejaba atrás el confesionalismo y que liberaba a toda la sociedad de odiosas discriminaciones para nacer, para ejercer los derechos ciudadanos y hasta para morir, leyó con claridad en el momento histórico que esa tarea lo elevaba a supremos designios con el apoyo mayoritario del pueblo nicaragüense.
Fue quizás la mejor oportunidad en nuestra historia de haber arrancado con firmeza en la construcción de un país regido por Instituciones Democráticas similares a las que ya habían acusado grandes progresos civiles y económicos en Estados Unidos y Europa.
La Constitución de 1893 establece con claridad la separación de la Iglesia y el Estado, la secularización de los cementerios, la modernización hasta esos años de la ruptura de los vínculos matrimoniales, el reconocimiento por la ley de casi todas las garantías individuales conocidas en occidente, el sufragio universal sin discriminaciones económicas, el ensanchamiento sin privilegios de las contribuciones tributarias y, para parar de enumerar, la mejor distribución de lo social en el uso fiscal para acortar las diferencias económicas que se mantenían a la fecha casi en estado feudal.
Habría que agregarle como Instituciones novedosas para un Estado que entraba a manejar una ya considerable Hacienda Pública, las primeras disposiciones Constitucionales para las contrataciones administrativas mediante lo que llamaron subastas y la obligación de sólo poder disponer o enajenar los bienes del Estado mediante la ley.
Zelaya sin embargo no varió la concepción del poder que arrastraba la clase política nicaragüense desde la Independencia de España y convirtió la mayor parte de las Instituciones originadas en la Constitución del 93 y leyes subsiguientes, en simples formalidades o en negaciones totales del espíritu Democrático con que habían sido concebidas.
Como un producto natural de esta forma de ejercer el poder de los llamados liberales, aparece la dictadura y con ella el debilitamiento o extinción de las libertades públicas y los derechos individuales.
La No Reelección desapareció en el primer cambio Constitucional y las garantías procesales se negaban de tal modo que el Zelayismo carga para la historia con el estigma de haber sido el primer régimen que institucionalizó la tortura.
El enfrentamiento con el adversario conservador movió a Zelaya a desnaturalizar el sistema tributario para crear impuestos confiscatorios y para volver más precaria la salud de las Instituciones, Zelaya adelantaba en Centroamérica sus pretensiones de liderazgo en el Istmo mediante el expediente ya común y tradicional: La Guerra.
Como sucedería 80 años después con el gobierno sandinista, las luchas políticas y armadas de los adversarios del Zelayismo, que incluía incluso a prestigiados liberales, comenzó a revestirse de una aureola patriótica que dejaba atrás lo obsoleto que podían ser las proclamas de la restauración conservadora, frente al reclamo bipartidario por las libertades públicas e individuales.
En aquella ocasión y similar a lo que ocurrió en los años ochenta, la intervención extranjera con pretensiones hegemónicas provocó una confrontación interna más cruenta y una mayor deformación en la clase política que usufructuaba esa intervención.
LA RESTAURACION CONSERVADORA
La caída del régimen de Zelaya no produjo una vuelta al Patriarcado Conservador de los 30 años en el diseño Institucional del país, sino más bien, en lo fundamental, la Constitución que al fin salió de los fallidos proyectos de 1911 y 13, conservó gran parte de las modernizaciones jurídicas alcanzadas en la Constitución de 1893 y no habría otra Constitución hasta 1939.
Desde el primer gobierno de Adolfo Díaz hasta Juan Bautista Sacasa, Nicaragua iba a recorrer un lento y a veces sangriento camino para llegar a darse una incipiente Institucionalidad Democrática.
El Partido Conservador siguió manejando las Instituciones Públicas y las libertades que de ellas debían desprenderse, con el mismo concepto de traspaso oligárquico de gobiernos y el antídoto de la no reelección para las tentaciones dictatoriales.
Le facilitaban la conducción de este sistema sin mayores sobresaltos, la proscripción del adversario histórico por los designios imperiales de EE.UU. y la entrega de lo que hoy llamamos Macroeconomía, al protectarado de ese mismo país.
Las Instituciones que garantizaban los derechos y garantías individuales tuvieron un regular avance, en cuanto a que se hacía menos grande la brecha entre lo formal de la Constitución y las leyes y su real funcionamiento, con la insidencia más negativa en lo referente al ejercicio de la libertad política sin discriminaciones, las restricciones a la libertad de conciencia y la ausencia de facilidades de asociación para la defensa gremial de los trabajadores.
Sobre la probidad administrativa en este lapso de la historia de Nicaragua, habían dos aspectos bien caracterizados.
Las concesiones más lucrativas del Estado recaían en la clase dominante y el resto del país actuaba con una especie de determinismo histórico en una división del trabajo análoga a lo que acontecía en las naciones europeas de occidente antes de su desarrollo económico.
Estado de privilegios y Estado llano y lo de corrupción que esto podía tener, era justificado como un producto legítimo del Derecho Natural así entendido por la clase política gobernante. Habría que conceder sin embargo a los gobiernos de Nicaragua en esta época, que se avanzó notablemente en el control del erario público, algo de lo que nos ocuparemos más adelante.
Esta situación comenzó a generar dos vertientes de descontento. De naturaleza política encabezada por el Partido Liberal que intentaba sacudirse la situación de parias a que habían sido condenados por el Imperialismo norteamericano desde la caída de Zelaya y de origen social por el estado de pobreza y marginación de las clases más desposeídas, fundamentalmente los campesinos.
La ruptura de la Institucionalidad pública de los conservadores por el Golpe de Estado de Emiliano Chamorro que incluso alcanzó a la Corte Suprema de Justicia, abrió la puerta a la reivindicación liberal con el mismo expediente de siempre: La Guerra.
La presencia interventora decidió usar su influencia para poner fin a esta confrontación que llegó a alcanzar episodios tan cruentos como los de la guerra nacional.
Sus proyectos y resoluciones tenían la simpleza del poder imperial y las recetas extrapoladas de sus propias Instituciones Democráticas.
Elecciones que ellos garantizarían y Guardia Nacional para acabar con el sectarismo armado, lo demás intocable, pues pertenecía a la esfera del dominio de su traspatio.
El poder interventor no pudo prever que sus recetas eleccionarias y su creación de un árbitro armado a semejanza de las guardias nacionales de los Estados en la Unión Americana, no tendrían larga vida como Instituciones Democráticas en Nicaragua ya que llevaban en su nacimiento el germen de su desnaturalización, al haber surgido por la voluntad del imperio y no por la superación cultural de la clase política nicaragüense.
Tampoco los interventores contaron con que el reclamo por soberanía y justicia social para los pobres iba a encontrar a un extraordinario paladín en la figura del General Augusto César Sandino, quien hace de su lucha armada y de su gesta que enciende los corazones oprimidos de América Latina, un salto cualitativo por sobre las tímidas denuncias mutualistas y un incipiente sindicalismo que despuntaba en Nicaragua.
La guerra de Sandino parece resolver la contradicción de Soberanía, obligando a marcharse a los marines norteamericanos; las elecciones que dejan como Presidente de Nicaragua a Juan Bautista Sacasa apuntan a lo que parece ser una avance democrático en el relevo del Jefe de Estado y la paz concertada en febrero de 1933 entre el gobierno y el heróico guerrillero, está llena de acuerdos sobre reivindicaciones sociales en la distribución de la tierra y espacio para la organización de los obreros y campesinos.
Retomo aquí sobre lo que exponía alrededor del control del erario público y señalo como hitos sobresalientes en ese campo, los decretos y acuerdos presidenciales publicados en las Gacetas de la época, que registraban gran escrupulosidad para ajustar los gastos extraordinarios que ocasiona por ejemplo la fundación de la Guardia Nacional o el sostenimiento de los soldados que se dejaban para la seguridad de Sandino, con los techos y ejecuciones del Presupuesto General de la República.
Sumados todos estos hechos, nos dejan con la segunda gran oportunidad de haber despegado en la formación de un Estado Nicaragüense regido por las Instituciones y el imperio de la Ley.
EL SOMOCISMO
El fundador de la dinastía somocista, surgido mediante aventuras de alcoba de los sustratos y excrecencias de la clase política que dominaba Nicaragua, le sale al paso con audacia y ausencia de escrúpulos a los pilares Institucionales que se intentan gestar y emprende una demolición paulatina de los mismos.
El asesinato de Sandino en un contexto de complacencias del representante diplomático de los Estados Unidos y del recelo oligarca ante esa cruzada por la soberanía y la justicia social, surgida de la guerra constitucionalista, le abre a Somoza importantes puertas para su proyecto de destrucción Institucional.
Comienza a convertir a la guardia nacional en su brazo armado político, siembra de minas el camino de la continuidad eleccionaria democrática y relega por mucho tiempo la atención gobernante por el reclamo de los desposeídos.
Las libertades públicas, los derechos y garantías individuales, el control sobre la administración pública empiezan a depender de la voluntad de Somoza y su cuerpo armado.
Los Estados Unidos a las puertas de una nueva conflagración mundial y con planteamientos estratégicos sobre lo que llegará a ser su Doctrina de Seguridad Nacional, no están interesados en reprochar a Somoza la destrucción del edificio que como fuerza interventora habían querido diseñar para Nicaragua, sino más bien en asegurarse controles y lealtades en su patio de atrás.
Sin embargo Somoza sabe, que para hacer más cómoda esta protección de los Estados Unidos, tiene que conservar una Institucionalidad Democrática formal, e ir profundizando su poder real sobre las mismas.
El derrocamiento de su tío político, su juego político entre el halago y la represión con el movimiento sindical y el vuelco que jóvenes intelectuales conservadores le han dado a las tradiciones de ese partido por el deslumbramiento de los caudillos fascistas que abominan de la democracia, le facilitan la tarea a Somoza, electo en andas de las paralelos históricos, y con una nueva constitución que le garantiza su mandato hasta 1944.
Somoza comenzó por entonces a diseñar el sistema «institucional» de su dictadura, que luego sus hijos perfeccionarían.
Al lado del Estado formal que conservó todas las Instituciones Democráticas que hasta ese momento se habían venido incorporando al ordenamiento jurídico de Nicaragua, levantó un gigantesco Estado de corrupción.
En lo formal incluso hasta se introdujeron nuevas Instituciones, pero el funcionamiento democrático de ellas y los personajes que las conformaban y dirigían dependían de la voluntad del dictador.
Para citar algunos ejemplos, se habían perfeccionado en la ley los controles sobre las contrataciones administrativas y la disposición de los bienes del Estado, los términos de detención y garantías procesales penales eran similares a las de cualquier país democrático e incluso algunos nombramientos como los de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y hasta los de las Cortes de Apelaciones los hacía el Congreso Nacional.
En la práctica todos esos controles administrativos eran burlados por el propio dictador, su familia y los grupos privilegiados que defraudaban con impunidad y las libertades individuales dependían de la guardia nacional y sus aparatos de policía y seguridad.
Demás está decir que cualquier nombramiento del Congreso era resuelto primero en Casa Presidencial.
Somoza García, que había comenzado a levantar su fortuna con golpes gansteriles como el confinamiento y despojo durante la segunda guerra mundial de los ciudadanos alemanes que vivían y trabajaban honradamente en Nicaragua así como las ventas forzadas de propiedades que sus dueños cedían a precios irrisorios por amenazas a su integridad física, fue afinando sus procedimientos y haciendo derivar para su fortuna personal, millonarias rentas del Estado paralelo de corrupción a que hemos hecho referencia.
El somocismo hizo de algunas dependencias públicas como las Direcciones de Policía, las Oficinas de Tránsito, la Dirección de Migración y Extranjería, la Dirección General de Aduanas, el Registro Público de la Propiedad, entre otras, una fuente inconmensurable de ilícitos ingresos para todo el aparato de la Dictadura, con la familia Somoza a la cabeza.
Así por ejemplo por el valor de la matrícula y pago de las placas anuales de los vehículos que en 1977 andaban por los 50 dólares, sólo el 10% del mismo ingresaba con boleta de la renta al Estado, el resto pasaba a engrosar el botín de la familia Somoza.
El contrabando era público dentro de las importaciones que hacía la guardia nacional o las empresas que los Somoza montaban en abierta competencia desleal con el comercio que pagaba sus impuestos.
El Estado de corrupción seguía una escala descendiente desde lo más altos militares y funcionarios hasta los comandantes de pequeñas plazas o los jefes de estaciones de policía que cobraban en todas las cantinas y burdeles y que recogían a ciudadanos por las noches para asaltarlos con multas ilegales por la mañana.
El Estado formal de Somoza, ayudado en el aspecto público por sectores políticos colaboracionistas que se turnaban para falsificar oposición, era la imagen de exportación, era el tranquilizante para los diferentes gobiernos norteamericanos y era el eje ficticio para la defensa interna que hacían los plumarios del régimen.
El Estado real, alimentado por los buenos precios internacionales de los productos de exportación y el manejo de Nicaragua como una gran finca de la familia gobernante, dejó espacio para que se enrriquecieran otros sectores de la sociedad no vinculados directamente a la familia Somoza y dio lugar para la formación de una más amplia clase media, elementos estos últimos que han sido invocados en la última década, como eficiencia y bondad de los gobiernos somocistas.
Lo cierto es, que desde comienzos de los años 60 Nicaragua se iba quedando a la zaga de Centroamérica y precariamente exportábamos un poco más que Honduras, mientras la proletarización algodonera en el campo, la explotación primitiva del café y otros renglones de la economía administrados corruptamente, dejaban una estela de miseria en el campo y la ciudad, miseria que cuando levantaba su voz de protesta era reprimida a sangre y fuego por el brazo armado de la dictadura.
Aún cuando fueran aceptados algunos éxitos económicos de la dictadura, en cuanto a estabilidad de la moneda y poco endeudamiento externo, el descontento que tomó forma de insurrección popular armada, nos viene a reforzar el planteamiento fundamental de este trabajo, en cuanto a que es la ausencia de las Instituciones Democráticas las que generan inestabilidad, violencia y guerra.
EL GOBIERNO DEL FSLN
Sandino salió de Niquinohomo durante la plena imposición que los gobiernos conservadores ejercían sobre los liberales. Llevaba pues, asociada a su rebeldía la divisa roja.
Sandino llega a México cuando Obregón y Calles, después de interrumpir la Revolución Mexicana -ni un paso adelante, ni un paso atrás- manejaban ya un discurso que ponía distancia con las organizaciones comunistas y aparte de su irreductibilidad en el enfrentamiento con la Iglesia Católica, los otros rasgos de esos gobiernos, sobre todo los que sucedieron al asesinato de Obregón, se acercaban más a reproducir con nuevos dirigentes, la misma historia de autocracia y desigualdades sociales.
También quedaba en los restos de la Revolución Mexicana el encono amargo contra los que se le habían llevado la mitad de su territorio e invadido en repetidas ocasiones para imponerles sus indignantes condiciones.
Una combinación de todos esos estímulos, más su profundo patriotismo y devoción por las luchas de los oprimidos, alimentan la gesta del héroe, quien de soldado de la guerra liberal constitucionalista pasa a levantar la bandera de la dignidad contra la intervención extranjera y contra el entreguismo de la clase política nicaragüense la cual termina calificando como una «bola de canallas».
El Frente Sandinista, por su parte, nace con la sigla sandinista por la firme y visionaria decisión de Carlos Fonseca que se impone a la consigna lanzada desde Moscú de sembrar el mundo de organizaciones para la liberación nacional, como la que combatía en Argelia.
Sin embargo, ni Fonseca, ni los que iniciaron la lucha con él, ni sus seguidores, ni las olas revolucionarias que vendrían salidas de las Universidades, del campo y de las ciudades, pudieron sustraerse o al menos ponderar el diseño de gobierno que se ofrecía para la Revolución triunfante.
Realmente era muy difícil, casi imposible para esa época, poder mantener la firmeza por los cambios revolucionarios conjugada con el rechazo a las estructuras de poder erigidas en los países donde había triunfado la Revolución.
El sectarismo con que las organizaciones
universitarias manejaban este tema
-es bien conocido como actuaba el FER- se robustecía por la
posición adoptada por algunas doctrinas emergentes, la más
caracterizada la socialcristiana, la cual no sólo adversaba el
sistema jurídico-político de la Unión Soviética y demás
países declarados socialistas, sino que también se oponían a
la profundidad de las transformaciones sociales y a la lucha
armada.
Cuando se produce el triunfo revolucionario de julio de 1979, nada había cambiado en la mentalidad de los dirigentes máximos del FSLN, pese a los matices que habían sido propagandizados durante la división de 1975-76-77-78.
Necesidades tácticas habrían de forzarlos a llenar el Estatuto Fundamental de promesas de amplio ejercicio de las libertades públicas y estricto respeto por los derechos y garantías individuales.
La verdad en el fondo, ahora compartida por los miles que se pegaron al carro de los vencedores por sincera convicción o por oportunismo, era considerar reaccionarias a las Instituciones Democráticas y que las libertades públicas o individuales tenían que ser administradas por el Partido.
La soberbia gobernante, la presión a que eran sometidos por la guerra que había gestado el imperialismo norteamericano juntando al somocismo derrotado con los descontentos de la revolución y la incapacidad de los dirigentes para detectar el origen del deterioro del mundo socialista, hizo que la recomposición del sistema no se hiciera desde adentro y que les llegara, impuesto a Nicaragua, con los gobiernos que vendrían después de las elecciones de febrero de 1990.
La parálisis económica de los países socialistas no provenía de la maldad de su programa social, ni de la satisfacción de las necesidades mínimas y hasta algo más de la inmensa mayoría de sus poblaciones, ni siquiera del efectivamente dañino capitalismo de Estado.
El inmovilismo político, el freno a la creatividad y superación individual, el que sus derechos y garantías dependieran de los jerarcas del Partido y no de la ley y la igualdad de todos ante la misma, deterioró el futuro de esa clase de socialismo, que era mostrado como atrasado y opresivo, por la propaganda que agigantaba las bondades del libre mercado.
Nada de eso pudo ser percibido por los gobernantes del FSLN, quienes sólo se abrieron a una Constitución diseñada con bastante similitud a la de la democracias formales de América Latina, pero con el ingrediente de una figura presidencial omnipotente, que reemplazaba al Partido que en los países de la Europa socialista estaba institucionalizado y en él recaía, de acuerdo con las Constituciones de esos países, el verdadero poder.
El gobierno del Frente Sandinista acabó por supuesto con todo el Estado paralelo de corrupción que había construido el somocismo, pero también arrasó con el Estado formal y sus Instituciones.
La Institucionalidad Democrática no era mala, había que darle contenido real y nada mejor que la fuerza que en esos años tenía el FSLN para lograrlo.
Prevaleció sin embargo, el dogma que la Institucionalidad Democrática era reaccionaria y que ninguna libertad era realmente buena, si no emanaba de la voluntad del Partido, reducido ya entonces a unas cuantas personas en su cúpula de Dirección Nacional.
Los vestigios de esas Instituciones tácticamente concedidas por el FSLN iban a constituirse paradójicamente en su principal escudo para los años de derrota que vinieron después.
En lo que se refiere a la probidad y los controles administrativos, la tónica fue la misma. Todo confiado a la ética de los administradores, presencia inadvertida o inexistente de la ley y al final, con las contradicciones agudizadas por la guerra y las penurias económicas, una disposición las más veces anárquica o maliciosa de los bienes del Estado.
Desde que se fue planteando con claridad el enfrentamiento con los Estados Unidos y sobrevino el bloqueo económico, las decisiones sobre la Hacienda Pública y en general sobre el Patrimonio del Estado, fueron tomadas con absoluta discrecionalidad por los gobernantes.
No se supo más de reglamentaciones para las contrataciones administrativas y las compras se hacían con triangulaciones en el exterior que dejaban ganancias ilícitas a intermediarios que actuaban con toda impunidad.
Tampoco tuvo importancia alguna la ley de moralidad para el funcionario público y ni siquiera el país tenía un verdadero Presupuesto General de Ingresos y Egresos.
La Constitución de 1987 y con mucha presión de la oposición cautiva que funcionaba en la Asamblea Nacional logró establecer que el Parlamento «conociera» del Presupuesto sin poder modificarlo o regular su ejecución.
Desde las primeras amenazas de invasión norteamericana, comenzó una carrera muy poco conocida, por la acaparación de bienes que servirían eventualmente para la resistencia que habría de darse frente a la ocupación de Nicaragua.
Una enorme cantidad de propiedades urbanas y rurales pasaron a ser parte de sociedades que encubrían a los máximos dirigentes de la revolución y el presupuesto estratégico para la resistencia señalada se ubicó con todas las seguridades en el exterior.
La invasión no se produjo, el FSLN perdió las elecciones y tuvo que entregar el gobierno, sin que nada de lo acumulado para la defensa de la supuesta Nicaragua ocupada, volvió a las arcas del Estado.
Esta fue la real piñata, ya que los bienes entregados a los cuadros intermedios del FSLN, a los pobladores urbanos y a los campesinos, quedaron precariamente legalizados por las leyes 85, 86 y 88.
En verdad, más allá de la transformación en las formas de propiedad que esto pueda haber originado, fueron las migraciones a las ciudades y principalmente en Managua las que se asentaron en las tierras baldías después del 25 de febrero de 1990, y hasta hoy han podido defender con más que regular éxito la legitimidad de sus barrios formados.
En el campo, la propiedad individual o cooperativizada que dejara el gobierno del FSLN sólo ha podido subsistir donde algunos sectores de militares retirados o desalzados de la Resistencia, la pudieron consolidar o donde abiertamente funcionarios civiles y militares se posesionaron de la misma con una mezcla de fuerza, oportunidad y maquillaje legal.
Así paso el Estado nicaragüense a la nueva etapa que se iniciaba el 25 de abril de 1990.
EL GOBIERNO DE DOÑA VIOLETA
El gobierno de Doña Violeta Barrios de Chamorro tuvo mucho en lo Institucional de lo practicado por el Partido Conservador en los 30 años. Pacificación, tolerancia, reconstrucción de las bases económicas y soluciones inspiradas en la voluntad de la gobernante y sus asesores por encima de las consideraciones legales.
La diferencia estribaba en que estas últimas respuestas no iban a encontrar a una sociedad en el letargo del siglo pasado y las consecuencias no se hicieron esperar.
Facilitaba las cosas al gobierno de Doña Violeta la ausencia de Instituciones Democráticas heredadas y los amplios poderes que la Constitución de 1987 había conferido al Presidente de la República.
Nada estaba legislado sobre la sanidad de la sucesión electoral, el Presidente podía legislar desde su escritorio, la policía tenía funciones jurisdiccionales y amplios términos para detener a los ciudadanos, no había capítulo en la Constitución que estableciera los requisitos para disponer de los bienes del Estado y los nombramientos de Magistrados en los otros poderes del Estado dependían de ternas elaboradas por el Ejecutivo.
A pesar de gozar de todas estas amplias facultades, el gobierno de Doña Violeta recurrió a la discrecionalidad y en vez de reducir el gigantesco estado público por medio de leyes que regularan las formas de privatizar y de hacer justicia en el espinoso caso de las confiscaciones, pretendió resolver todo con simples acuerdos, como si se tratara de bienes propios, acuerdos que inexplicablemente se convertían en fuente de derecho para los procuradores que comparecían a representar al Estado en estas a todas luces anómalas formas de conducirse con los bienes de la Nación.
El estilo patriarcal redivido de Doña Violeta y la persistencia del FSLN en subestimar la institucionalidad democrática y la importancia del imperio de la ley, llevó incluso a que el no menos complejo problema de las empresas del Estado y los derechos que reclamaban y reclaman los trabajadores de su participación en las mismas, se resolviera con una Concertación que nunca se tradujo en leyes y que a la postre produjo que muchas de esas empresas continuaran en incertidumbre y sujetas a la voracidad del gobierno que se instaló en 1997, como el caso Solka e incluso las que aparentemente se entregaron con esos favorecimientos para los trabajadores, terminaron en manos de las minorías dirigentes de la burocracia sindical del FSLN o de abogados y comerciantes que siguieron gravitando alrededor del nuevo capital de ese partido político.
Una excepción a este estado de cosas lo constituía la composición de la Asamblea Nacional.
Pasados los primeros meses en que diputados de la UNO y del FSLN se enseñaban los dientes en los debates, las etapas subsiguientes fueron produciendo un reacomodo inédito en la historia parlamentaria de Nicaragua.
Un sector mayoritario de diputados de la coalición triunfante no se consideró representado en el Ejecutivo por el gobierno de Doña Violeta y aunque su primer demostración de descontento se centró en el radicalismo antisandinista, terminaron por enderezar sus esfuerzos en que se llevaran a cabo las reformas necesarias en la Constitución y las leyes, para retomar nuevamente el tanta veces interrumpido camino para la Institucionalidad Democrática de Nicaragua.
Este cambio de timón coincidió con el sector de diputados del FSLN, también mayoritario, que comenzaron a propugnar por esas mismas reformas como premisa fundamental para volver a ser viable y firme, cualquier proyecto social que en el futuro preconizaran las fuerzas políticas que iban a seguir siendo las protagonistas de la historia política de Nicaragua.
LAS REFORMAS DEL 95
La nueva mayoría alcanzada en la Asamblea Nacional, acometió la tarea de reformar la Constitución de la República para realmente despegar en la Institucionalidad Democrática de Nicaragua.
El gobierno de Doña Violeta aceptaba sin mayores sobresaltos, que se dieran, como en efecto se dieron, leyes para institucionalizar el Ejército como Fuerzas Armadas Nacionales subordinadas al poder civil; una Policía también nacional con funciones y jerarquizaciones, claras así como reformas procesales penales que terminaran con la compleja aplicación del monopolio de la acción penal y la valoración de la sana crítica.
Sin embargo y como dolorosa sorpresa, el gobierno de Doña Violeta se opuso con todas las fuerzas de coerción que podía manejar el Poder Ejecutivo, a que se desmantelaran los antidemocráticos privilegios del Presidente de la República que continuaban vigentes en la Constitución y por sobre todas las cosas que se volvieran a establecer las prohibiciones sobre reelección y sucesión familiar en la Presidencia, que eran de las más caras reivindicaciones del pueblo nicaragüense y encabezaban el programa que la Unión Nacional Opositora había ofrecido al pueblo nicaragüense en las elecciones de 1990.
El FSLN, consecuente con la poca importancia que daban y dan a las Instituciones Democráticas, tomaron estos intentos de reforma como elementos de negociación con el problema de la propiedad, sin percatarse que sin Instituciones firmes, era imposible encontrar soluciones igualmente firmes para la Propiedad, tal como se demostró en esos años y se sigue demostrando.
La Corte Suprema de Justicia, que debió ser la principal abanderada de las reformas, primero las quizo captar condicionando su apoyo a que se mantuviera el verticalismo de ese poder del Estado y más tarde por mayoría de sus magistrados, le dio un bochornoso espaldarazo al Ejecutivo en su enfrentamiento con el Parlamento.
En semejantes circunstancias, no se dieron todas las reformas que eran necesarias, y las que al fin entraron en vigor en las postrimerías del gobierno de Doña Violeta y el advenimiento del nuevo gobierno, estuvieron saturadas de negociaciones para nombramientos de magistrados de los poderes del Estado, nombramientos que aunque conyunturalmente sirvieron de equilibrios y favorecieron al menos en la Corte Suprema de Justicia el despertar de alguna confianza en sus decisiones, a la postre sirvieron para torcidos argumentos que los pactantes de 1999 usaron para justificar la demolición de la poca Institucionalidad lograda.
Las reformas, además de incorporar como apuntábamos las permanentes demandas de No Reelección y no sucesión familiar, terminaron con las facultades de legislar del Presidente de la República, reforzaron el papel de la Contraloría General de la República, elevaron a categoría constitucional las prohibiciones contra el nepotismo, cambiaron el sistema de elección de los magistrados con una primera aunque no profunda participación de la sociedad civil en los nombramientos, introdujeron novedades constitucionales como la inembargabilidad del Patrimonio Familiar y ampliaron considerablemente las garantías individuale en general y las procesales en particular como la inviolabilidad de las comunicaciones y correspondencia y el derecho a reclamar contra la labor y daño que las dependencias de espionaje del estado podían llevar adelante contra los ciudadanos.
La reforma no pudo alcanzar el cambio a elecciones uninominales en la Asamblea Nacional como un gran paso para la real independencia de este poder del Estado y la eliminación de las listas clientelistas de los Partidos Políticos que han sido y son una adulteración de la representación popular en el Parlamento.
Tampoco se pudo perfeccionar más la elección de Magistrados en el Poder Electoral y en la Corte Suprema de Justicia ni institucionalizado el Consejo Nacional de Justicia que terminara con el verticalismo y la política de feudos en el Poder Jurisdiccional.
No alcanzó tampoco la reforma a rescatar al Ministerio Público de la Procuraduría y así dejar a la sociedad con su representante ante los tribunales de justicia escogido o electo sin atadura alguna con el Presidente de la República.
Es preciso sin embargo destacar, que fue el primer intento real de sembrar de Instituciones democráticas a Nicaragua y el primero además hecho de abajo para arriba, algo fundamental para garantizar la autenticidad de la reforma, ya que no podía ligársela a ninguna de las componendas tradicionales o pactos que los partidos políticos han hecho en el transcurso de la historia de nuestro país.
LOS PACTOS DE 1999
El gobierno que asumió en enero de 1997, no sólo dio muestras desde el principio que no estaba interesado en ninguna ley que dándole seguimiento a las reformas del 95 les limitara el ejercicio del poder, sino que además comenzaron a manifestar su rechazo a la poca Institucionalidad Democrática lograda, la que consideraban un estorbo para su autocracia y discrecionalidad.
Los primeros enfrentamientos con la Contraloría y los intentos de penetrar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial en general, fueron mensajes para definir la contextura moral y jurídica del nuevo gobierno, así como la escala de valores que conjugaban para la administración pública y la idoneidad en el manejo de los bienes del Estado.
Algunos frenos democráticos detenían en parte el poder avasallador que se estaba inaugurando, sobre todo con el auxilio de los Medios de Comunicación masivos. Estos obstáculos, unidos a ambiciones estratégicas de tipo personal y partidarias del gobernante, hizo buscar a éste último la única forma de superar los escollos que limitaban su verticalidad y le podían abonar además la posibilidad de su permanencia en el poder más allá de su mandato. Esa forma fue alcanzar un pacto con el FSLN, que comenzó a gestarse como en 1971 entre las figuras más allegadas de los ejes de las dos cúpulas.
Las razones del FSLN para pactar con el PLC merecen varios exámenes. El principal, para el objeto de esta conferencia, es la «Emilianización» del partido que se proclamó vanguardia del pueblo nicaragüense. De las otras, salpicadas de incidencias, cuasi públicas, cuasi privadas, no nos ocuparemos.
Efectivamente, revisando a profundidad las páginas de nuestra historia, la figura de Emiliano Chamorro es la que mayor encarna al hombre-partido.
Todas las explicaciones y justificaciones que el caudillo conservador da sobre su conducta política en los largos años en que fue gran protagonista, están bajo la premisa que eran lo que más convenía al Partido Conservador.
Chamorro parte de que su Partido era la mejor expresión política de Nicaragua y que por lo tanto todos sus pasos y quehaceres deberían darse en función de favorecer la toma del poder o el mantenimiento en el mismo de su organización partidaria.
«El FSLN estaba fuera de la Corte Suprema, fuera del Consejo Supremo Electoral, los micropartidos habían usurpado nuestros lugares», son parte de las frases con que se continúa justificando el Pacto, desde ese sector político.
Aparte de no ser cierto que estuvieron fuera y que esos micro partidos eran la suma de la UNO que los había derrotado en 1990, los argumentos sobre las supuestas exclusiones se saltan por encima de la búsqueda de la equidad para administrar justicia, para ubicarse en la simple prebenda y clientelismo partidario.
En suma, lo que conviene al partido, primero; lo que favorece al país, no interesa.
Volvió otra vez la visión del FSLN a confundir la posibilidad de defender todos sus intereses partidarios partiendo de la integración más idónea de los cuerpos colegiados del Estado y prefirió la repartición directa con el adversario político y partidarizar en el grado históricamente más bajo, la administración de justicia y la conducción electoral.
La Contraloría dejó de ser una Institución independiente de los Poderes del Estado y fue sometida a la peor de las dependencias, la de los Partidos Políticos pactantes, corriendo igual suerte la Corte Suprema de Justicia y en general el poder judicial donde para litigar ahora, hay que saber primero a qué sector del pacto obedece el juez o magistrado.
La Ley Electoral se cambió por una serie de normas antidemocráticas de carácter excluyente para lo que pudiera constituirse en oposición a los partidos pactantes y la composición de sus órganos de dirección con disciplinados militantes, ha hundido también el futuro del ejercicio del sufragio en una enorme incertidumbre.
Deseo finalizar sin embargo esta conferencia, con una buena dosis de optimismo.
El pueblo nicaragüense en su inmensa tragedia, cada vez está más cerca de ubicar con precisión el origen de su infortunio y creemos que la lucha por el real funcionamiento de la Institucionalidad Democrática está siendo la mayor exigencia para los que aspiran a gobernar Nicaragua.
Cualquier propuesta política que no contemple la decisión de autolimitarse con Instituciones Demcráticas, para trasladar a la Sociedad Civil la capacidad de controlar el ejercicio del poder, estimamos será rechazada por el pueblo nicaragüense.
Los cauces de toda esa Institucionalidad están abiertos, algunos conseguidos con mucha perseverancia, otros reducidos por la miopía de la clase política dominante y una gran Plataforma diseñada para el futuro inmediato.
Este apretado recorrido histórico por la evolución institucional democrática de Nicaragua, estimo nos ha demostrado que esa debe ser la meta inmediata. El desarrollo económico vendrá por añadidura.
